La contribución de los inmigrantes a las arcas del Estado fue superior en 187.000 millones de pesetas a lo que la Hacienda pública gastó en ellos en 1998. Ésta es la conclusión de un estudio sobre los impactos económicos de la inmigración en el sector público encargado por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) a la Universidad Pontificia de Comillas, que reúne datos de 1996, 1997 y 1998. En 1998 el Gobierno gastó 148.000 millones en los inmigrantes. Éstos aportaron, a través de impuestos y cuotas de la Seguridad Social, 335.000 millones.
     Estas conclusiones dan al traste con la idea, popularmente extendida, de que los inmigrantes llegados a España son sólo un gasto para las arcas públicas. "Teniendo en cuenta lo que los trabajadores extranjeros aportan al Estado, no estaría de más que éste destinara más dinero a sus necesidades", reflexiona Andrés Tornos, profesor emérito de Teología y Filosofía y coordinador del estudio.
     En los cálculos, referidos a datos de 1998, no se incluyen los gastos de las comunidades autónomas, sino sólo los del Estado central. "Hay muy pocas comunidades que tengan desglosados sus gastos en inmigrantes; en realidad, sólo Cataluña, pero, en cualquier caso, es frecuente que utilicen fondos europeos, que no se pueden computar como inversiones propias", añade Tornos.
      Los autores del estudio niegan que esta falta de datos autonómicos altere mucho el resultado final, "ya que el gasto en inmigrantes de todas las comunidades autónomas no supera el 2,8% del total estatal (unos 4.000 millones)".
     Los investigadores han tenido también que prescindir de los gastos efectuados por los ayuntamientos.  Según explican, las inversiones en servicios sociales, formativos o educativos utilizados por los inmigrantes no suelen figurar como partidas específicas en los presupuestos municipales: son incluidos en servicios sociales.

     "Estos gastos de los consistorios no suelen ser de gran cuantía. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba nos indicó que en 1998 invirtió tres millones, que quedan compensados con los impuestos municipales pagados por los inmigrantes ", explica Tornos.
     La principal partida de gastos es la sanitaria, que en 1998 dedicó 74.000 millones de pesetas a la atención de inmigrantes. En esa cantidad se incluyen los gastos de las comunidades autónomas con la sanidad transferida.
     Los autores admiten que la actual Ley de Extranjería, que desde su aprobación en febrero ha extendido la atención sanitaria pública a todos los inmigrantes, regularizados o no, siempre que estén empadronados, ha podido incrementar el número de extranjeros atendidos. Antes los sin papeles sólo podían acceder a las urgencias si eran niños o embarazadas. Pero también relativizan la influencia de la ley. "Muchos inmigrantes irregulares que ahora acceden a la atención primaria ya acudían antes a las urgencias", precisa Tornos.
     El Insalud estima que cada paciente le supone un gasto medio anual de 116.000 pesetas en atención médica y unas 26.000 en medicinas. Pero, según el propio instituto, una parte de los inmigrantes ya eran atendidos en urgencias, y no son el sector de la población con más achaques: suele tratarse de personas jóvenes y sanas.
     Le sigue en cuantía la educación, con 40.000 millones, incluidas las comunidades con estos servicios transferidos. Curiosamente, el Estado gasta más en los extranjeros encarcelados (13.000 millones) que en programas del Imserso para la atención e integración de los refugiados e inmigrantes que trabajan: 3.079 millones, en los que se incluyen programas de integración, albergues y personal y edificios de los departamentos del Imserso encargados de estos asuntos.
     Al pago de la prestación de desempleo se dedican 14.000 millones, y 1.852 a tareas policiales en los actos delictivos cometidos en España por ciudadanos nacidos en otros países.
     En esta última no se incluyen las partidas dedicadas a las oficinas que conceden los permisos de trabajo y residencia o la reagrupación familiar. "La normativa establece que esos gastos deben costearse con las tasas que pagan los trabajadores extranjeros al obtener el permiso laboral y de residencia, con lo se compensan", añade.
     En España residen 800.000 extranjeros con todos los permisos de residencia en regla, según datos del Ministerio del Interior. El 47% (382.955) procede de países extracomunitarios y el resto son originarios de la Unión Europea. La cifra cambiará con el proceso de regularización iniciado el 21 de marzo y que finaliza hoy.

     La mayor aportación económica de los inmigrantes llega a través de las cuotas de la Seguridad Social (274.000 millones de pesetas en 1998). Ello se explica porque los extranjeros no comunitarios, si quieren conservar el permiso de trabajo y residencia en España, deben cotizar a la Seguridad Social.
     Según los autores del informe, "casi toda la diferencia entre lo que los inmigrantes aportan al sector público y lo que gastan de él está en el superávit que representa lo que aportan a la Seguridad Social por comparación con lo que obtienen de ella. Esto mismo ocurre en otros países, como Alemania". En 1998 los inmigrantes aportaron 274.667 millones a la Seguridad Social y obtuvieron prestaciones de desempleo y atenciones sanitarias por valor de 90.000 millones.
     Otros ingresos importantes vienen del Impuesto sobre la Renta (IRPF): 49.000 millones. Menos peso tienen los impuestos especiales, sobre el patrimonio o el pago del IVA